Ofuscamiento español e indecisión vasca
es un artículo de Iker Gallastegi publicado en GARA el 19 de febrero del año 2000.

Ofuscamiento español e indecisión vasca

Después de 20 años de enfrentamiento entre supuestos «violentos» y autodefinidos «democrátas», tan desacertado como estéril (pues ni conducía ni jamás conducirá a nada provechoso para nuestro pueblo), el Acuerdo Lizarra-Garazi planteó con exactitud y realismo el problema vasco como un conflicto histórico entre Euskal Herria y los estados español y francés de naturaleza política y que por lo tanto requiere una solución también política.

El Estado español ha manifestado sin embargo, pública y reiteradamente, que el único problema que existe en el País Vasco es el del «terrorismo» y que él está dispuesto a negociar con ETA la «reorientación de la política penitenciaria» a cambio del cese definitivo de la violencia.

Aunque para algunos suponga una paradoja que el Gobierno español esté dispuesto a negociar con ETA y que sin embargo se niegue tan siquiera a dialogar con HB/ EH, tal actitud es, hasta cierto punto, concebible y lógica, dado que, según su criterio, el «terrorismo» es el único problema que existe. Por lo tanto no tiene nada sobre qué dialogar ni negociar con HB/EH, ni con los demás componentes del Acuerdo Lizarra-Garazi.

Desgraciadamente, este ofuscamiento del Gobierno español está abonado en parte importante por el hecho de que el pueblo vasco aceptase, hace algo más de 20 años, unos raquíticos Estatuto de Autonomía para Vascongadas y Amejoramiento del Fuero para Navarra meridional. Es decir, que el conflicto histórico de naturaleza política que pudiera haber existido anteriormente, para el Gobierno español ya se solucionó entonces. He ahí la razón por la cual los partidos políticos españoles, incluyendo los que entonces lo desaprobaban, ahora defienden el Estatuto vascongado a capa y espada.

La postura española no admite lo que ellos llaman «aventuras»; su límite es la defensa de su Constitución y del Estatuto vascongado. Lo cual también tiene cierta lógica pues la primera fue «acatada» y el segundo «engendrado» por el nacionalismo vasco moderado

Tras el cambio de enfoque esclarecedor y trascendental que supuso el Acuerdo Lizarra-Garazi, ETA se adelantó valientemente y demostrando su voluntad democrática para llegar, mediante el diálogo y la negociación, a un acuerdo político que garantizase una paz justa y duradera, hizo una concesión de suma importancia que llenó de ilusión y esperanza a todo el pueblo vasco: declaró una tregua unilateral indefinida.

Hacerle concesiones al Gobierno español sin tener la garantía de contrapartidas equiparables es arriesgado, pues, como es característico en un Estado opresor, éste considera cualquier concesión como una señal de debilidad y se aprovecha para pedir más sin conceder nada.

El inmovilismo español ha sido notorio durante toda la tregua. Entendámonos bien, hablamos de inmovilismo en sentido constructivo, en querer buscar una solución al problema, porque su movilidad destructiva, a la contra, ha sido espectacular durante todo ese periodo.

La actitud española es pues, como vemos, negativa pero muy clara.

¿Y la actitud de los firmantes del Acuerdo Lizarra-Garazi? Es evidente que no hay una sola postura. No existe armonía entre la que propone que la soberanía sea competencia exclusiva de todo el pueblo vasco y la que consiente, manteniendo y defendiendo el Estatuto vascongado, que el poder lo siga ejerciendo Madrid. No es posible llegar a acuerdos eficaces para dotarle al pueblo vasco de poder decisorio si, so pretexto de cualquier atentado de ETA, se hacen públicamente exigencias imposibles de cumplir.

Por ejemplo, para la manifestación del día 15 de enero en Bilbao, PNV, EA e IU concebieron con premeditación inexplicable una pancarta que incluía un lema exigiendo a ETA que renovara su tregua unilateral e indefinida. Y lo hicieron adrede, a sabiendas que no iba a ser aceptada por HB/EH. ¿Pretendían quizás distanciarse así de los «violentos» esperando de esa manera conseguir más votos para sus candidatos al Parlamento español? Esto supondría, además de seguir contribuyendo a mantener el poder sobre Euskal Herria en Madrid mandando allí sus mendicantes representantes, que se está volviendo a las andadas pre-Lizarra-Garazi de «demócratas» versus «violentos».

Mientras el Gobierno español siga en su cerrazón negando la existencia de conflicto político alguno en Euskal Herria como, en palabras de un líder socialista, «no lo haría ni un necio», nadie tiene derecho moral para exigirle a ETA que declare una vez más una tregua indefinida unilateralmente. Si el Gobierno español se aviene a reconocer que el conflicto de naturaleza política existe y que está dispuesto a llegar a una solución negociando democráticamente, entonces, sin que nadie se lo tenga que exigir, ETA declarará otra tregua. Y si se llega a un acuerdo político ecuánime y justo nadie tendrá que preocuparse más de ETA, pues desaparecida la causa de su existencia, ella misma se disolverá.

La lucha armada de los pueblos sometidos sólo existe cuando hay motivos para ello, cuando el poder dominante del Estado es intratable, prepotente y opresor, como es el caso del Estado español. Nunca existe cuando el Estado es democrático y respeta los derechos y la voluntad de los pueblos que gobierna.

¿Alguien puede creer que si ETA declarase una tregua definitiva, si también cesase la kale-borroka y si HB/EH condenase estas dos violencias, el Gobierno español correría entonces, con Mayor Oreja al frente como símbolo de su éxito, a la mesa de negociación para llegar democráticamente a una solución del conflicto político que ni siquiera reconoce que existe? ¿No sería mucho más probable que, crecido ante lo logrado, ni se le pase ello por el magín y que, al contrario, sus exigencias aumenten y que sucesivamente exija también que ETA entregue las armas y que se disuelva, que se arrepienta públicamente de su pasado, pida perdón y desagravie a las «víctimas del terrorismo», que los presos tam- bién se arrepientan para poder ser reintegrados en la sociedad; que los componentes del Acuerdo Lizarra-Garazi se olviden de cualquier reivindicación que sobrepase los límites de la Constitución española, el Estatuto vascongado y el Amejoramiento del Fuero navarro según los interprete Madrid; que todos los vascos, especialmente los nacionalistas, respetemos la legalidad española y seamos buenos chicos para que, una vez comprobada nuestra docilidad y sumisa disposición democrática, en un periodo de ­digamos­ 5 a 10 años, ellos puedan tratar con «generosidad», individualmente y según se vayan arrepintiendo, el asunto de los presos, ya que habrá dejado de existir cualquier otro problema?

¿En qué escalón de esta muy posible serie de cada vez más humillantes exigencias nos tendremos que plantar? Si fue un riesgo, aunque calculado, el que ETA declarase unilateralmente una tregua indefinida, el conminar, no sólo a ETA sino también a HB/EH a emprender la senda de las concesiones, como lo están haciendo hasta los demás partidos nacionalistas, puede provocar que vayan cayendo, inducida cada una por la anterior, como si fuesen fichas de dominó, todas las demás exigencias españolas, lo cual acarrearía consecuencias desastrosas para Euskal Herria.

Cuando el débil hace concesiones o flaquea, el poderoso no se suele mostrar comprensivo ni propenso a conceder nada, como lo hemos podido comprobar todos este último año y medio. No está en su naturaleza.